Es muy común que nos pregunten por diferentes canales quién puede acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad, ya que hay muchos mitos y verdades a medias sobre el tema. Dado que nuestra misión es mantener informada a toda la ciudadanía, vamos a despejar las dudas sobre este tema.
¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?
Imagina llegar a una situación de insolvencia tan alta que no se pueda pagar la hipoteca o que tengas qué decidir entre pagar el alquiler o la luz. Estas situaciones tan difíciles son las que enfrentan cientos de españoles que son víctimas del sobre endeudamiento.
No sólo se puede llegar a una situación así por las deudas generadas como consecuencia de una mala administración de las finanzas personales: las crisis actuales, los cambios sociales y hasta el hecho de quedarse en paro por una larga temporada pueden hacer que se pase por un declive económico.
En vista de estas situaciones, la jurisprudencia proclamó la Ley de la Segunda Oportunidad, un mecanismo que, desde 2015, ha ayudado a quienes no pueden pagar sus compromisos financieros a salir de la espiral de deudas.
Gracias a su implementación, los deudores han podido, literalmente, tener una segunda oportunidad rehacer sus finanzas y salir del bucle de obtener deudas para pagar más deudas, lo cual comprometía su futuro y estabilidad.
Lo mejor que tiene esta ley es que permite que el deudor no tenga que liquidar todos sus bienes o ceder todo lo que posee para saldar las deudas. Incluso hoy en día, con las modificaciones que ha recibido, es posible retener parte del patrimonio y llegar a acuerdos con los acreedores.
Pero, ¡no tan rápido! Esta ley no funciona por arte de magia, ni mucho menos. Aunque es posible terminar las deudas con ella, hay que cumplir una serie de requisitos indispensables.
Requisitos para acogerse a la ley
En primer lugar, hay que aclarar que esta ley cubre a los ciudadanos españoles o a extranjeros que tengan su residencia legalizada en el territorio de España. Se incluyen también aquellos que poseen patrimonio o negocios en el territorio nacional.
Otro requisito importante a cumplir es que se deben tener al menos dos deudas, vencidas, con importe lo suficientemente alto como para ser declarado insolvente. Es decir, ¡no puedes aplicar a la ley si sólo se tiene un sobreendeudamiento que se puede solucionar vendiendo el coche!
Por lo tanto, será imprescindible demostrar la insolvencia frente al juez, con la documentación legal que especifique los ingresos y gastos.
Adicionalmente, se debe ser un “deudor de buena fe”, lo cual significa haber intentado pagar las deudas, además de no tener sentencias por delitos como detrimento patrimonial o falsedad de documento público, especialmente contra Hacienda.
Continuando con los requisitos, es fundamental que las deudas que se tengan no superen la cifra de los 5 millones de euros.
Por último, pero no menos importante, es de resaltar que la Ley de la Segunda Oportunidad tiene como objetivo la resolución de insolvencia de personas físicas o autónomos. Para las personas jurídicas y las empresas, existe otro mecanismo más acorde a su naturaleza, llamado Concurso de acreedores.
Con los cambios realizados a esta ley en 2022, ya no será estrictamente necesario realizar el acuerdo extrajudicial de pagos, ni tampoco se tendrá en cuenta el requisito de no haber desestimado empleos durante los cuatro años anteriores.
¿Cómo funciona la segunda oportunidad?
Esta ley está regulada, a su vez, por la ley 25 de 2015, sobre reducciones de cargas financieras, y por la Ley Concursal y sus modificaciones del 5 de septiembre de 2022.
Su funcionamiento recae, principalmente, en los juzgados mercantiles, donde se llevará a cabo todo el proceso de aprobación y tramitación, como veremos a continuación.
Solicitud al juzgado
Todas las solicitudes de amparo de la Ley de Segunda Oportunidad deben tramitarse ante los juzgados mercantiles. Estas deben contener un documento donde se estipule la situación del deudor, las razones para solicitar el auxilio de esta ley y un informe de sus finanzas, especialmente de los ingresos y gastos, además de especificar si tiene familia a cargo o dependiente de sus ingresos.
En este punto también es importante anexar una lista de los acreedores que se tienen, indicando el tipo de deuda contraída y las fechas desde las que se encuentra vencida.
Exoneración y plan de pagos
Una vez se aprueba el caso por el juzgado, se puede negociar un plan de pagos, de 3 a 5 años, con el cual se evita el embargo y la liquidación de bienes.
Cuando transcurre este tiempo, y se realizan los pagos sin obstáculos, el deudor podrá exigir, ante el juez, la emisión del Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) el cual da por terminado el proceso, evitando reclamaciones futuras de los acreedores.
Exoneración con liquidación
Otra vía para saldar la deuda es mediante la venta de los bienes y propiedades. Esta es la forma tradicional y como venía ocurriendo, ya que el deudor debía someter su patrimonio a subasta para cancelar las deudas. Actualmente, ¡no es la única opción!
¿Qué novedades implica la reforma concursal?
No pocas personas desistían de un proceso de Ley de Segunda Oportunidad por el hecho de que podían perder todo su patrimonio en el camino. Y no era un miedo sin fundamentos, ya que la ley disponía de fases donde se debía liquidar hasta la vivienda, en aras de pagar. ¡Ahora todo cambió!
Quizá la noticia más esperanzadora para quienes ingresan a esta ley a partir de septiembre de 2022 es que pueden conservar la vivienda habitual, acogiéndose a un acuerdo de pagos.
Otra de las grandes novedades que trajo consigo la ley, desde sus últimas modificaciones, es que es posible eliminar las deudas con hacienda y Seguridad Social, por un monto de 10.000 euros con cada una de estas entidades. ¡Toda una hazaña!
Para terminar, y redondeando todas las ideas expuestas, podemos concluir que la Ley de la Segunda Oportunidad es la vía más eficiente para acabar con las deudas. Todo ello sin tener que sacrificar el patrimonio. Además, ¡ahora se puede cancelar la deuda pública!
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