Insolvencia de Persona Natural: ¿Qué es y a quién aplica?

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No es un secreto que muchas personas no pueden pagar sus deudas. Aunque parezca que no hay salida, aquí explicaremos de qué se trata la insolvencia de una persona natural y cómo puede ayudar judicialmente a quienes no pueden hacerse cargo de sus responsabilidades financieras.

¿Qué es el proceso de insolvencia de persona natural?

Las últimas dos décadas han estado marcadas por la incertidumbre financiera y, el último año, tiene al acecho una inflación que parece dar poca tregua. En un escenario así, muchas personas pueden verse en aprietos para cumplir con sus responsabilidades financieras.

El hecho de no pagar o no contar con los medios suficientes para hacer frente a las deudas y compromisos económicos hace que los comerciantes, personas físicas o autónomos se declaren en insolvencia. Las regulaciones de este hecho se recogen en el artículo segundo de la ley 22 de 2003.

Uno de los mayores puntos a favor de declararse insolvente es que se abre la oportunidad a ser cobijado por la Ley de la Segunda Oportunidad, la cual ofrece muchos beneficios y garantías para quienes pasan por dificultades económicas.

¿Qué ocurre si uno se declara insolvente?

Aunque puede parecer algo catastrófico, declararse insolvente no es el fin del mundo. De hecho, el régimen de insolvencia puede ayudar a buscar mecanismos para pagar las deudas. Caso contrario ocurriría con la quiebra absoluta, ya que sería muy difícil reponerse de incesantes cobros.

Al declararse insolvente, se aplicarán cláusulas que permitirán generar acuerdos de pagos con los acreedores. De esta forma, se pueden buscar soluciones concertadas con respecto a los plazos y modos de pagos.

Incluso es posible determinar el pago parcial de la deuda. Por ejemplo, cuando el acreedor renuncia a los intereses y opta por el pago sólo de la deuda inicial. Esta solución suele efectuarse cuando el demandante prefiere recuperar parte del crédito, en vista de las pocas posibilidades de cobrar todo.

¿Cuándo aplicar la Ley de insolvencia?

La insolvencia no sólo se aplica a personas jurídicas: también es posible solicitarla si se es una persona física, incluso sin actividad comercial autónoma.

Si una persona física cuenta con varias deudas con más de 90 días de retraso en pago es propensa a declararse insolvente. Esta moratoria de tres meses debe ser total. Es decir, no puede aplicarse la insolvencia si ha habido pagos intermitentes en este lapso de tiempo.

Por lo tanto, esa ley debe ser aplicada cuando hay una morosidad severa como la descrita anteriormente o cuando la incapacidad para generar los pagos se hace inminente.

¿Cómo se declara la insolvencia de una persona?

Una vez se ha determinado la escasa capacidad de pago, el deudor debe acercarse a un juzgado mercantil donde presentará su caso para que sea declarado como insolvente.

Un juez será el encargado de evaluar la pertinencia del caso. Si este determina que la condición actual del solicitante es evidentemente una insolvencia, procederá a guiarlo con los demás pasos, los cuales se componen de radicar el proceso, informar a acreedores y presentarle opciones como la Ley de la Segunda Oportunidad.

¿Cómo iniciar un proceso de insolvencia?

como iniciar un proceso de insolvencia

Para formalizarlo oficialmente se debe presentar un informe donde se detallen todos los aspectos de la situación económica. Este debe contener las causas de la insolvencia, los datos de los acreedores y las cuantías que se deben, una relación de ingresos y gastos del deudor, el certificado de ingresos y el número de personas que tiene a cargo.

Adicionalmente, se puede solicitar que la información esté avalada por un profesional de las finanzas o la contaduría pública para constatar que se ha cumplido con la reglamentación en materia tributaria.

Este informe es la apertura para solicitar el concurso voluntario, ya que, si los acreedores solicitan el concurso primero, se trataría de un caso provocado o forzoso.

¿Cuánto tiempo dura el proceso?

No existe a ciencia cierta un periodo exacto, ya que cada proceso tiene sus singularidades, que pueden alargar o acortar el tiempo.

Si se logran los acuerdos extrajudiciales, el tiempo medio es de 6 meses. Por el contrario, si se deben hacer embargos, el tiempo se alarga hasta los 2 años, especialmente cuando hay liquidaciones de viviendas.

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¿Cuánto vale el proceso?

La mayoría de los costes están fijados por la ley y tienen que ver con los registros y las tarifas notariales. Estas últimas se dividen en los costes cuando el deudor tiene bienes y cuando no posee propiedades.

Cuando no hay propiedades, el coste es de 400 euros, los cuales pueden ascender hasta los 600 euros por temas de depósitos, de los cuales una parte es reembolsable.

Cuando hay bienes, el coste dependerá de la tasación de esas propiedades más la cantidad de deuda. Esta tarifa se conocerá justo antes de iniciar el proceso, para que no haya sorpresas.

Por último, se debe anexar el coste del procurador, que es de 300 euros, y el coste del abogado, el cual varía de acuerdo a su experiencia. Este puede rondar los 2.000 euros en todo el proceso.

¿Quiénes pueden acceder a la ley de insolvencia para personas naturales?

Acceder a esta ley está al alcance de cualquier ciudadano que solicite ayuda y que tenga dos o más deudas vencidas por más de tres meses con entidades privadas o hasta públicas.

Aunque teóricamente cualquiera puede acceder, sí existe un requisito indispensable para declarar la insolvencia: que las deudas superen el 50% de los pasivos del deudor, que lo adeudado acumule una cantidad del doble de los activos y que no se tenga liquidez.

En otras palabras, puede que tengas muchas deudas, pero si son de pequeños montos, la solución no será declarar la insolvencia.

¿Qué pasa si no se logra un acuerdo durante la declaración de insolvencia?

Si los acuerdos no prosperan, se pasa a la liquidación de bienes. Con ello, se intenta saldar la deuda en la mayor cantidad posible y dar a los acreedores un alivio.

Si no hay bienes, el juez podrá expedir una exoneración completa de deudas, aludiendo a que no hay manera de pagar. Pero cuidado: si el deudor obtiene propiedades en el futuro, los acreedores podrán reclamarlas.

Resumiendo todo lo anterior, podemos decir que la insolvencia es un mecanismo efectivo para aquellas personas que no pueden pagar sus deudas. Aunque puede parecer catastrófico, declararse en insolvencia puede otorgar ventajas legales, con las cuales es posible salir de la espiral de deudas impagables.

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